*Por Sebastián Blanchard

Comenzó con la huelga general convocada para el 28 de abril por el denominado Comité Nacional de Paro integrado por las tres centrales obreras de Colombia (CUT, CGT y CTC) junto a organizaciones indígenas, estudiantiles, sociales y políticas, que se extendió a los días siguientes hasta confluir el 1°de mayo con una enorme movilización en varias ciudades del país.

El detonante de las masivas movilizaciones sobre la cual se sumaron diversos reclamos, fue el proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el Presidente Iván Duque, ahijado político del reaccionario y pro yanqui expresidente Álvaro Uribe. Un proyecto además, que se apoyaba sobre la reforma tributaria hecha en el 2018 (luego frenada por la Corte Suprema después de masivas movilizaciones) con el pretexto de “atraer inversiones” en la cual directamente se establecieron exenciones impositivas a las grandes empresas.

Tras cuatro días de protestas, Duque anunció el retiro del proyecto para avanzar con otro que resulte “del diálogo con partidos y movimientos”. Al día siguiente renunció el Ministro de Hacienda, autor de la reforma, Alberto Carrasquilla. Pese a esto, las movilizaciones continuaron toda la semana. Desde varios sectores se exigen reivindicaciones que exceden aquel proyecto y apuntan a terminar con las políticas ajustadoras y el cese de la represión y las masacres.

El ahora caído proyecto de Duque pretendía gravar con el IVA a todos los alimentos de la canasta básica, que los paguen más los salarios a partir de 700 dólares y las jubilaciones de U$s1400, mientras a los más ricos no se gravaba proporcionalmente. Esta suba de impuestos sobre las capas bajas y medias tenía como objetivo recaudar para reducir el llamado déficit fiscal y destinar los dólares necesarios para afrontar el pago de la deuda externa que ronda el 52% del PBI colombiano.

Las movilizaciones del 28A fueron tan masivas como violenta fue la respuesta represiva, especialmente a través del repudiado ESMAD (Escuadrón Antidisturbios de la Policía) como también del Ejército colombiano que ocupó varias ciudades, en particular Cali, una de las ciudades más movilizadas.

A la fecha la represión ya se cobró la vida, según denuncian organizaciones de DDHH, de al menos 30 personas, hay casi 1000 heridas y alrededor de 90 permanecen desaparecidas. Este accionar violento de las fuerzas represivas había sido el motivo principal de las movilizaciones que se dieron el año pasado en todo Colombia que pide por una reforma y desmantelamiento de esas fuerzas represivas mayormente financiadas y entrenadas por EEUU para combatir a las FARC, y que siguieron asesinando luego del acuerdo de Paz de 2016, acuerdo permanentemente torpedeado por sectores reaccionarios, principalmente desde el expresidente Uribe.

Este malestar tan extendido se explica mejor si se mira para atrás y se observan las consecuencias de décadas de políticas de ajuste. Al igual que Chile, Perú o Paraguay, Colombia es uno de los países mimados por las usinas del capitalismo mundial y los organismos financieros. Un país completamente sometido a las políticas norteamericanas (tiene en su territorio 11 bases militares) bajo la excusa del combate al narcotráfico y la reciente “amenaza” de Venezuela. Duque, junto a Bolsonaro, Piñera, Macri y otros, fueron los fundadores del Grupo de Lima, alineado a EEUU.

El grueso de quienes se movilizan exige el fin del modelo desigual y excluyente y una mayor democratización de la salud y la educación, mayores libertades democráticas y el fin de la represión y los asesinatos a militantes sociales y políticos, acelerado en los últimos años luego del firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno del expresidente Santos. Un conflicto que dejó a cientos de miles de muertxs y desplazadxs, con la tierra más concentrada y un narcotráfico tanto o más fuerte que años atrás. Sólo entre 2016 y 2020 fueron asesinadxs 971 indígenas, campesinxs, sindicalistas y ambientalistas por fuerzas estatales o paraestatales ligadas al Gobierno. Una verdadera masacre.

Colombia como en 2019 está viviendo sus jornadas de rebelión obrera y popular donde la fuerza principal viene desde abajo, sectores populares hartos que se sumaron a las protestas en los últimos años en un país atravesado por el conflicto armado, la propagación del narcotráfico y políticas antipopulares, gran cantidad de jóvenes trabajadorxs y estudiantes que exigen el cambio del modelo económico que puso a la mitad de la población bajo la línea de la pobreza.

Un panorama que se propaga en la región como en Chile, Ecuador o Perú. El desafío pasa por que una vez caída esta reforma el Gobierno no encuentre formas de negociar por arriba con la dirigencia sindical y política para contener y volver con sus planes con más fuerza y aún más represivo, por que se mantenga el camino de movilización por abajo con la fuerza de la clase trabajadora a la cabeza derrotando los planes de ajuste del gobierno y abriendo un camino decidido desde el pueblo trabajador.