Por la prohibición de la megaminería contaminante

*Por Fernando Vilardo (integrante de AyL)
Incluso antes de asumir el nuevo gobierno del Frente de Todos ya se sabía, en boca del mismo Alberto Fernandez, que el hilo de continuidad de los grandes negocios de las trasnacionales mineras no se iba a cortar, como tampoco se iba a cortar la constante amenaza para la vida de las comunidades y pueblos ubicados en las proximidades de esas explotaciones y la destrucción de nuestros bienes comunes. En todo caso, lo que el actual mandatario no puede dejar de hacer en sus intervenciones públicas, debido a la enorme resistencia e historia de lucha que tiene aquellos pueblos y comunidades, es de agregar la palabra “sustentable” para “compatibilizar” en el discurso lo que en la realidad es incompatible. Desde las primeras leyes menemistas, que abrieron paso a una nueva lógica de explotación minera, hasta hoy, asistimos a una historia de contaminación y destrucción del medio ambiente, de saqueo, explotación, de respuestas represivas de parte de diferentes gobiernos ante la resistencia popular, y todo al servicio de incrementar las inmensas riquezas que las corporaciones mineras se llevan afuera mientras acá nos dejan tierra arrasada.
Es evidente que más allá de las diferencias entre las fuerzas políticas que han gobernado el país los últimos 40 años, existe una matriz productiva que se reproduce sin solución de continuidad: una economía estructuralmente concentrada y extranjerizada configurada alrededor de los agronegocios, el extractivismo y el saqueo de las grandes trasnacionales, con todo lo que implica en términos de impacto ambiental, explotación de la fuerza de trabajo y precarización en las condiciones de vida en general y de la salud en particular. La megaminería forma parte de una de las actividades fundamentales de esa matriz, tanto que el actual Gobierno la ha declarado junto a los agronegocios como parte de las “actividades esenciales” en medio de la cuarentena.
Sin embargo, de parte del pueblo hubo y hay resistencia. Desde Esquel para acá, han surgido a lo largo de la Cordillera expresiones de rechazo popular a los diferentes proyectos mineros que se quisieron imponer y que finalmente lograron ser frenados con grandes puebladas auto-convocadas. Son parte además de un clima de época. No se tratan de luchas aisladas, sino que empalman con un sentimiento que se va generalizando en la población, sobre todo en las generaciones más jóvenes, contra la destrucción y depredación del planeta. Por eso les cuesta tanto a los gobiernos avanzar en estas políticas. Por eso chocan con una gran resistencia popular cada vez que quieren dar un paso en la aplicación de estos proyectos. No es casual que la primera movilización importante durante el gobierno de Fernandez, a unos pocos días de haber asumido, haya sido para rechazar, en la provincia de Mendoza, la reforma de la ley 7722 que implicaba, como el mismo Alberto Fernandez lo manifestó frente a empresarios de AEA dos días antes que se aprobara en el Senado provincial, “una ley para que Mendoza también se involucre en lo que es la explotación minera”. El proceso de movilización y la lucha popular obligó a toda la dirigencia política que había transado esa reforma, a retroceder sobre sus pasos. Obligando a su vez al Gobernador Rodolfo Suarez a derogar la ley reconociendo que “no existía licencia social para desarrollar la minería en la provincia”.
La crisis global del capitalismo implicará para países como los nuestros la necesidad de conseguir dólares como sea. Traducido: más agronegocios, más fracking y más megaminería contaminante. La actual negociación con los Fondos de Inversión para cerrar un nuevo canje de Deuda y la posterior con el FMI, arrojará más nafta a la necesidad de conseguir dólares a futuro. La crisis y los “compromisos asumidos” de la Deuda (¿asumidos por quién?), serán la excusa para justificar los “daños colaterales” que implican la obtención de esos dólares que se llevarán los BlackRock: desmontes, envenenamiento de los ríos y el suelo, la expulsión de los pueblos originarios, destrucción de la biodiversidad, y un largo etcétera de consecuencias a la vida humana y natural.
Pero el “clima de época” no tiene que ver solo con el avance en la defensa del medio ambiente, también con una desconfianza cada vez más creciente en quienes gobiernan. Y quizás cierta intuición de que los problemas son de orden sistémicos, que precisamente los gobiernos reproducen y profundizan. No es casual que en los últimos años se hayan dado en todo el mundo procesos de lucha auto-convocadas, porque frente a la desconfianza de los de arriba, los pueblos empiezan a buscar respuestas por abajo, peleando con las manos más desatadas de quienes pretender dirigirlos. Así, desde Esquel para acá, se ha venido enfrentando desde abajo y en forma auto-convocada, el avance de la megaminería en el país. Son estas luchas las que muestran el único camino posible para derrotar el modelo extractivista que nos quieren imponer desde arriba y avanzar hacia otro que implique el desarrollo de la agroecología –sin transgénicos ni agrotóxicos–, una matriz energética limpia y renovable, y la prohibición de la megaminería en todo el país.