Por la vía extractivista
El vencimiento de la concesión de la Hidrovía reabre el debate acerca de los profundos impactos sociales, ambientales y económicos de uno de los proyectos ícono del menemismo, que ningún gobierno quiso cuestionar.
*Por Martín Sabre
En abril del 2021 vence la concesión –privatización en otras palabras- de la administración de la ruta navegable de los ríos Paraguay-Paraná, lo que se denominó hace 25 años como Hidrovía. Este proyecto “bandera” del menemismo (sin organismos públicos de fiscalización y con predominancia de actores extranjeros) fue refrendado por todos los gobiernos que lo sucedieron hasta hoy.
Una vez más, en el tema están imbricados ambiente, Estado y modelo productivo, de forma que sería inconsistente una mirada ambiental que pierda de vista los otros dos aspectos.
El proyecto de la Hidrovía consistió en el desarrollo de una imponente infraestructura logística a lo largo y ancho del río, al servicio del modelo agroexportador de Argentina y la región: puertos, dragados, peajes, balizados, obras civiles de todo tipo para sostener el tráfico a gran escala de productos primarios. De la Hidrovía participan también Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y específicamente en el tramo argentino, están comprendidas las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
Algunos indicadores para ponderar la significación de la Hidrovía en el modelo productivo [dominante] argentino son: es el canal por donde sale más del 70% de las exportaciones argentinas, que son traídas hasta los puertos por 1 millón y medio de camiones y más de 200 mil vagones de tren por año, cuenta con 18 puertos (14 de propiedad extranjera) y tiene salida al mar a través del puerto de Montevideo, esquema que arroja en primer término un nivel de contrabando y evasión impositiva estimado en 20 mil millones de dólares, solamente durante el último año.
Pero no es solo un problema impositivo. El impacto de la transformación del Río Paraná en “Hidrovía” también generó alteraciones sociales y ambientales. Se reconfiguraron forzosamente los espacios urbanos a la vera del río, generando migraciones de poblaciones campesinas e indígenas, se vulneraron humedales, se avasallaron actividades productivas a pequeña escala como la pesca artesanal, se sobrecargaron las rutas terrestres de acceso a los centros de distribución, se alteró el paisaje con un tejido agro-industrial sin planificación integral y escasamente controlado en su producción de residuos contaminantes.
El Gobierno de Alberto Fernández decretó a mediados de 2020 la creación de una empresa pública con el objetivo de tomar la posta del consorcio belga-argentino (Hidrovía S.A.) que tiene la concesión desde 1995, y que está cuestionado por su manejo en materia de peajes, balizamiento y dragado. Pero al poco tiempo pegó el Vicentinazo, y publicó el decreto 949/20, que le da la facultad al Ministerio de Transporte de llamar nuevamente a licitación internacional. Quizás no sea casualidad que esto suceda en el marco de la renegociación con el FMI.
Este gesto abrió debates en algunos sectores que acompañan al gobierno, y reclaman políticas orientadas a la nacionalización y el control estatal de los recursos, bajo el paradigma de la soberanía. Sin embargo, la ampliación de la frontera agrícola, directamente proporcional a la ampliación de la “Hidrovía”, ¿redundaría en beneficios para los habitantes, por más que su explotación pase a manos estatales? ¿No puede ser también una oportunidad para convocar directamente al pueblo a decidir acerca del principal brazo fluvial del país?
Semejante debate no puede saldarse de forma apresurada y menos circunscribirse a los recintos de los funcionarios. Muchos activistas, pobladores y organizaciones ambientales se han pronunciado en foros y en las calles, pero no recibieron mayores señales de escucha. Si quienes viven y trabajan en el territorio del litoral no tienen derecho a decidir sobre el uso del río en todos sus aspectos ¿de qué “soberanía” estamos hablando?
Mientras el gobierno se reúne en Washington en búsqueda de los dólares para el pago de una deuda que reprocha pero se niega a investigar, el pueblo trabajador tiene el desafío -y la potencia como clase productora- de enfrentar la depredación ambiental que se le viene encima como contraparte de los “acuerdos” con los acreedores. Para ello, también necesitará dar la pelea por una matriz productiva distinta, debatiendo y construyendo con otros pares en los lugares de trabajo, generando las formas para enfrentar a un régimen empresarial, político e institucional que insiste en profundizar la vía extractivista.