Yo te avisé
*Por Gustavo Pedulla (docentes de AyL)
La pandemia nos ha dejado varias certezas: hay desigualdades, problemas edilicios en escuelas, falta de insumos tecnológicos y diversos materiales escolares y problemas socioeducativos que se arrastran desde hace mucho tiempo. Como docentes, sabemos que la presencialidad es necesaria para desarrollar un proceso efectivo de enseñanza aprendizaje. Pero para la vuelta a la presencialidad se requiere un consenso que incluya a todos los participantes de la comunidad educativa. Todos los docentes, los sindicatos, las familias y los estudiantes, deben participar de esta instancia. Muchos de nosotros nos hemos manifestado a través de diversas acciones y demandas a las instancias de gobierno impuestas de manera inconsulta. Se debe garantizar el cumplimiento del derecho a la educación y no la puesta en escena de una vuelta improvisada que a todas luces evidenció un interés electoral.
Pero para eso la educación debe ser una prioridad real, no una mera declaración. El atravesamiento de la pandemia nos permitió ver las necesidades en el ámbito educativo antes veladas por la vorágine de un sistema insensible que se fue naturalizando en la labor docente. Es un buen momento para establecer un esquema realista, con acciones precisas, públicas y necesarias.
La docencia demostró en estos meses estar a la altura de este desafío histórico, valiéndose del saber pedagógico como elemento esencial para la toma de decisiones educativas. No así sucedió con las carteras educativas, quienes teniendo la responsabilidad principal, esquivaron el compromiso social que les fue encomendado por el pueblo.
No hay lugar para seguir descuidando la infraestructura escolar básica. La deuda del gobierno de la ciudad para con todas las escuelas en materia de infraestructura es clara y este contexto es una buena oportunidad para comenzar a saldarla y garantizar todos los elementos necesarios para condiciones de estudio, trabajo y sanitarias dignas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
También se debe tener en cuenta uno de los mayores reclamos docentes y familiares: garantizar las condiciones de conectividad y equipamiento para los sectores que no cuentan con ellos y movilizar todos los recursos para legitimar el derecho a la educación, priorizando a los sectores menos favorecidos. La vuelta a la presencialidad implica casi indefectiblemente que la modalidad virtual se mantenga, por lo tanto, la inversión en elementos tecnológicos y en conectividad se instala como condición básica para los próximos ciclos lectivos.
La vuelta a la escuela no puede ser improvisada: debe estar centrada en los estudiantes y el derecho a la educación. Para eso la docencia conoce como nadie el terreno del cual forman parte. Es imprescindible que las decisiones de acá en más incluyan la participación de quienes forman la comunidad educativa: una vuelta planificada y apoyada con recursos.
Los problemas socio-pedagógicos emergentes requieren un abordaje totalmente distinto a las propuestas gubernamentales de escuela de verano o apoyo escolar sabatino. La ministra Acuña desparramó por todos los medios las consecuencias que esta pandemia tuvo en la niñez y la adolescencia para volver urgente a la presencialidad, pero ahora espera emparchar un problema que ella misma agravó, con un parche más chico que el agujero. La ministra debería ir relegando la búsqueda de grandes titulares mediáticos y ponerse a trabajar; y tomando como eje el propio diagnóstico ministerial hacia el estudiantado hay que empezar a pensar en parejas pedagógicas por aula estableciendo un trabajo focalizado, más docentes de apoyo, aumento de la planta de recursos humanos en equipos de orientación (EOE/ASE), etc., y de esta manera poder atender las necesidades que indefectiblemente se van a presentar el ciclo 2021.
Esta situación nos presenta una oportunidad para eliminar de una vez y para siempre el escenario perverso en el que cada institución y cada docente resuelven los problemas aisladamente y con muy escasos apoyos y acompañamiento desde la centralidad del poder político.